El último pleno de las Cortes de Aragón de la legislatura ha servido para aprobar la ley de muerte digna con un amplio consenso y el único rechazo del PP, que la considera una "trampa" hacia la eutanasia. A iniciativa de IU, el pleno de la cámara ha dado el visto bueno a la ley de muerte digna que regula el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte y los deberes del personal sanitario, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar.
La calidad de vida, el consentimiento informado, los cuidados paliativos, la declaración de voluntad vital anticipada, la intervención en el ámbito de la sanidad, la limitación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, la situación terminal o el testamento vital son algunas de las cuestiones relacionadas con el proceso de muerte recogidos en la ley.
La ley, que han apoyado PSOE, CHA, PAR e IU, persigue proteger la dignidad de la persona y asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad, incluyendo la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital, ha destacado el diputado Adolfo Barrena (IU).
Sin embargo, Ricardo Canals, del PP, ha hecho hincapié en que el verdadero objetivo de IU era dar "dos pasos" adelante hacia la eutanasia y la Cámara "ha caído en la trampa", porque hay artículos en la ley que crearán conflictos, y ha criticado que salga adelante sin aludir a la objeción de conciencia, porque habría dado seguridad a los profesionales y, sobre todo, a los pacientes.
Ha opinado que la norma no aporta ningún beneficio tangible para las familias y nada relevante que no esté ya recogido en la legislación española o aragonesa, y ha subrayado que los pacientes seguirán haciendo lo que hasta ahora, confiar en los profesionales que los atienden, aunque su actuación queda ahora "en entredicho". Con esta ley, la actuación de los profesionales sanitarios queda en "tela de juicio", surgirán conflictos éticos y muchas de sus acciones acabarán en los tribunales, ha dicho Canals.
